El derecho de las personas menores de edad a ejercer su gobierno personal, tiene jerarquía constitucional, en tanto remite a un aspecto esencial y definitorio del ontos humano y que es constitutivo de su dignidad inherente, como lo es la libertad de hacerse a sí mismo. Esta valía constitucional acarrea significativas implicancias normativas, porque la Constitución de la República dibuja el cuadro, estructura el marco de legitimidad al que ha de ceñirse todo el producido normativo generado por los órganos representativos del Estado. Una primacía que viene dada por la atribución monopólica del poder constitucional a la Nación.

Ello obliga al intérprete y al aplicador, a examinar caso por caso, si existe congruencia entre las soluciones contenidas en los dispositivos normativos infra-constitucionales y los principios y mandamientos que se derivan de la Carta y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

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