La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 27 que, a través de la promoción de las capacidades materiales de la familia, el Estado debe asegurar a todos los niños el derecho “(…) a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Por ello, el Estado debe, como lo consigna en forma expresa el recién referido artículo 27, adoptar “(…) medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho”

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