Centro de Investigación y Formación para el Desarrollo Humano


Espacio de pensamiento y foro de debate sobre derechos humanos, políticas públicas, producción de conocimiento e investigación, formación, economía, sociedad y cultura.

 

…el saber de la pobreza y de la violencia, aunque se lo haga desde una perspectiva científica no impide sospechar, que a veces esos modos de entender, más que modos de entender son modos de aceptar y justificar su necesidad. ¿A quién le sirve la existencia de la violencia y la pobreza?

El 1° de noviembre de 2017 entró en vigencia en el país un nuevo marco regulatorio del proceso penal, operándose una transformación en extremo significativa en el campo de las soluciones normativas, cuyo impacto en el orden de las praxis de intervención institucional seguramente aún no pueda apreciarse en toda su dimensión.
La contestación de la demanda incriminatoria es una parte esencial de la contienda, en la que defensa y fiscal, disputan la credibilidad de sus antagónicas versiones acerca de la representación que cada uno tiene de los hechos objeto del debate, y en consecuencia de la tipificación jurídica que amerita cada una de las interpretaciones que de las circunstancias fácticas realizan.
El Centro Cooperativo entiende necesario y pertinente constituir este espacio porque el cambio que se ha operado en el campo normativo e institucional, en el subsistema de administración de justicia en el ámbito penal, remite a aspectos significativos para el funcionamiento del Estado de Derecho

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 27 que, a través de la promoción de las capacidades materiales de la familia, el Estado debe asegurar a todos los niños el derecho “(…) a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

Si bien el país ha desplegado políticas y programas tendientes a reducir las desigualdades, las brechas en términos de desarrollo y bienestar infantil persisten, e incluso, se han acentuado en algunas de sus dimensiones.

La institución educativa y la institución sanitaria, constituyeron históricamente dos entidades con un valor social hegemónico en el Uruguay moderno, pero ahora padecen un cierto resquebrajamiento, dado por la imposibilidad de dar respuestas a demandas que se proyectan desde una trama social debilitada.

El derecho de las personas menores de edad a ejercer su gobierno personal, tiene jerarquía constitucional, en tanto remite a un aspecto esencial y definitorio del ontos humano y que es constitutivo de su dignidad inherente, como lo es la libertad de hacerse a sí mismo.

A 28 años de la ratificación por nuestro país, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se impone la deconstrucción de las concepciones tradicionales de la infancia. Sin embargo, el usufructo legal de los bienes de los hijos, se mantiene vigente en nuestra legislación.